Edificios como el del servicio médico, la UBR donde niños con discapacidad reciben atención gratuita y por precaución y amenazas está cerrado el centro de autismo municipal; también, tienen retenidos vehículos oficiales que otorgan servicios a la comunidad, de limpia y protección civil; además de haber bloqueado una importante carretera federal que conduce a la Refinería de PEMEX ubicada en Salina Cruz.
Todo por la cerrazón de su líder sindical que tiene 12 años en el cargo, de nombre Mario Trapaja Gómez, alias «Cachorro».
Estas acciones que se configuran en delitos del fuero común y federales, los cuales deben tener castigo y no dejar pasar; no solo perjudican a la administración municipal de Salina Cruz, también generan un grave deterioro a la población en general, a sus colonias, barrios y agencias; sin dejar de lado el perjuicio a las empresas y comercio local de la región, como a las nuevas inversiones y empresas que están aterrizando en Salina Cruz por el Proyecto del Corredor Interoceánico.
Con bloqueos de este tipo y tomas de carreteras, se configura el delito de ataques a las vias de comunicación, el cual es un delito grave castigado por el código penal federal y que puede alcanzar hasta 10 años de prisión.
Este líder sindical, con estas acciones va en contra del Gobierno Federal, porque paralizó y amenaza (como quedó grabado en un audio) con seguir bloqueando carreteras y detener operaciones de varias empresas; principalmente, de una de las más importantes que tenemos en el estado de Oaxaca que es la Refinería de PEMEX Antonio Dovalí Jaime, paraestatal del estado mexicano que genera empleos en la región y recursos para programas sociales del Gobierno Federal.
Con este tipo de actos vandálicos, los tres niveles de gobierno deben actuar y no dejar pasar que por caprichos de un eterno líder sindical, ahora cobijado por CATEM, se deteriore la imagen, la inversión pública y privada, y los servicios del municipio insignia de Oaxaca, donde se implementa el Proyecto Estratégico más importante del Gobierno Federal que encabeza el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
Por estas acciones porriles y de vandalismo, que se configuran en delitos, el gobierno municipal rescindió de su relación laboral a este trabajador, con base en la ley.
Inconformidad que debe ventilarse, litigarse y resolver de forma legal, ante los tribunales y ante la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado de Oaxaca (JAESPO), principalmente.
Si queremos que Oaxaca cambie y lleguen nuevas inversiones públicas y privadas, empresas y mejores empleos al Puertos de Salina Cruz y a la región del Istmo de Tehuanteoec, con el Corredor Interoceánico, estas acciones de chantaje no deben ser toleradas por el municipio, tampoco por el estado y menos por el Gobierno Federal.
